El próximo 28 de abril los ciudadanos estamos convocados a las urnas. Para entonces, los partidos que pretenden llevar las riendas del país habrán hecho una labor colosal, un trabajo que busca recolectar papeletas en dos niveles diferentes: uno visible, materializado en campañas de medios de comunicación, y otro soterrado, ejecutado en las redes privadas de mensajería instantánea: en Whatsapp.
Hay mucho voto distraído en esta red social, la favorita de los usuarios españoles: se estima que cada español dedica más de una hora y media al día a contestar y a leer los mensajes de Whatsapp, según el último informe de la Asociación de la Comunicación Digital en España. Eso la convierte en una herramienta de propaganda masiva.
“Los partidos saben que la gente confía cada vez más en las personas y menos en las instituciones”, decía en El País el asesor en comunicación Antonio Gutiérrez-Rubí, autor del libro La política en tiempos del Whatsapp. “Con un mensaje llegas a un primer anillo de grupos. Luego estos se lo pasan a otros. Y a otros…”, completaba.
La idea es sencilla, Whatsapp llega a donde no lo hacen la televisión o los periódicos: a los grupos de familiares, amigos y amigos de amigos que, bien por convencimiento político o bien por pasividad, rechazan el consumo directo de información. Estas personas también votan, y ocurre que, precisamente a consecuencia de esa desinformación, son más dóciles cuando se les intenta teledirigir el voto.
Hay dos formas de pescar votos en los grupos privados de Whatsapp, una orgánica y otra más agresiva. La primera consiste en viralizar contenidos desde las listas de suscriptores. Primero se siembra en un grupo afín y de ahí, saltando de anillo de confianza en anillo de confianza, el vídeo o el meme de turno llega a nuestras manos en forma de contenido recomendado por una persona cercana. Más efectivo, imposible.
La segunda estrategia, más conflictiva, se está debatiendo actualmente en los juzgados. Se trata del spam electoral, una práctica avalada por el Senado en la que los partidos rastrean los datos de los usuarios en sus redes sociales para realizar propaganda vía móvil, incluso cuando el usuario no ha consentido esta comunicación.
El Defensor del Pueblo recurrió práctica al Tribunal Constitucional, que debatirá su paralización. Mientras, la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto sus restricciones, y las formaciones tendrán que consultar a la agencia los datos que quieran reunir 21 días antes del inicio de la campaña.
Sea como fuere, apostándolo todo a la magia viral o arremetiendo contra la intimidad de los usuarios, lo cierto es que la estrategia de comunicación en Whatsapp será clave en las próximas elecciones generales españolas, como ya lo fue para Bolsonaro en Brasil o para Donald Trump en Estados Unidos. Estos dos ejemplos dejan un aviso palpable: la ultraderecha lleva ventaja electoral en las redes privadas.
