Hace unos días las autoridades de Egipto informaron a la ciudadanía con un comunicado sobre la nueva orden instaurada por el régimen estatal. Una ley que prohíbe de forma taxativa ofrecer cualquier tipo de apoyo a la comunidad LGTBI desde los medios de comunicación.
El Consejo Supremo calificó la homosexualidad como una “enfermedad vergonzosa” que no debe ser difundida mediáticamente salvo que los homosexuales aparezcan para “arrepentirse de su condición sexual”. Una ordenanza que deja de manifiesto una ideología homofoba que atenta contra la libertad de expresión y con los derechos humanos. Así pues, Egipto retrocede en el tiempo algo más de seis años cuando el país entero se levantó para acoger una revolución en sus calles y se lanzó contra la dictadura de Mubarak.
No obstante, los hechos acontecidos revelan que la primavera árabe ha concluido y que Egipto ha suspendido en la asignatura los Derechos Humanos, promoviendo el cercenamiento de la libertad de las personas. Como en Egipto la homosexualidad no está tipificada como un delito en su código penal, el organismo gubernamental ha utilizado su legislación para castigar a toda persona homosexual en el país, y no sólo a quien haya nacido allí, mediante pretextos de que han cometido actos de “libertinaje”, “inmoralidad” o “desprecio a la religión”.
La aprobación de esta norma no sólo censura la libertad para informar de los medios de comunicación sino que además atenta contra los derechos de millones de personas. El pasado domingo las autoridades detuvieron a varias personas durante un concierto del grupo libanés Mashrou’ Leila por enarbolar banderas LGTB. Por el momento, ya han detenido a 15 personas que se enfrentan a cargos de “depravación”. Y no han sido las únicas, otras siete personas fueron retenidas durante el mismo periodo por compartir imágenes en las que se les veía ondeando la bandera del arcoíris, símbolo del colectivo LGBTI.