El ruido en las redes sociales como coartada para dejar de tener presencia en ellas. Un aspecto excusable por recurrente en la sociedad cuando cae en el hartazgo tras un periodo de fascinación. Pero no tan excusable si los que incurren en dejación de uso de las herramientas que potencian los mensajes que difunden son los periodistas.
Desde hace tiempo, el debate sobre a qué normas ha de atenerse el profesional de la comunicación que trabaja para cabeceras informativas de terceros se centra en si su presencia en las redes sociales responde a la voz de su empresa o a la suya propia. Como los medios de comunicación, salvo incursiones modestas, dejaron de dar importancia a los libros de estilo cuando la crisis hizo temblar la estructura tradicional de su modelo mercantil, el panorama actual deja abierta la fisionomía de la presencia del plumilla en los perfiles que llevan su firma en las redes sociales.
¿Cómo respalda la descripción de su perfil el periodista que está obligado por su medio a tuitear, por ejemplo, siempre con enlaces? ¿Qué libertad de información tiene quien está sujeto a una normativa tan restrictiva como la que le impide compartir mensajes de medios de comunicación terceros o la que le impide opinar sobre circunstancias alejadas de la especialización de las piezas informativas que redacta habitualmente?
En un debate improvisado en el marco de una formación reciente dirigida a periodistas en ejercicio impartida por la agencia de comunicación Soma se vislumbró una laguna en este particular. Quizás las asociaciones profesionales tendrían que abanderar una labor mediadora entre ambas partes, los medios y sus profesionales, para definir un modelo básico de descripción de funciones que se le presupone al periodista en las redes sociales, hasta dónde llega la vinculación con su cabecera y cuándo puede escribir en nombre propio sus pareceres, incluso dar rienda suelta a especializaciones adicionales, como la que puede venir dada por aficiones temáticas, lecturas y ocio.
Solo cuando comenzó el auge de la figura de los gestores de comunidades online, hace cosa de diez años, se abordó este particular aquí referido. Pero fueron más las empresas no mediáticas, los gabinetes institucionales –como el de la Generalitat de Catalunya- y otras entidades lejanas al ejercicio de la profesión periodística las que definieron borradores de hojas de estilo como servicio público o privado.
Convendría tener en cuenta que los principales precursores de los libros de estilo fueron los medios y que si dejan que otros asuman ese papel, el preocupante escenario del intrusismo que todo lo mece en el periodismo volverá a acechar a una profesión que no termina de reinventar su presente en el siglo XXI.
