(In)comunicación institucional

Ya no nos llamamos corruptos. Al menos no como en los 2000. España lleva años depurando a los responsables de institucionalizar políticas cimentadas en la corrupción –legal y moral–, y se diría que nuestra autopercepción empieza a sincronizar con la de países más ejemplares. Hoy, en ese pensarnos mejores, logramos espantar prácticas censurables aún cuando todavía asoman vestigios de un pasado gris que cuesta enterrar.

Sobran ejemplos de estos vestigios. Por centrarlo en el ámbito de la comunicación, rescataremos la noticia aparecida en prensa hace varias semanas con el siguiente titular: “El Ayuntamiento de Guadix encarga la comunicación a un familiar sin ser periodista”. Los regidores del municipio granadino prescindieron primero de un gabinete de comunicación profesionalizado poniendo al frente a un nutricionista, para finalmente darle el puesto de comunicación al hermano de la primera teniente de alcalde, Encarnación Pérez Rodríguez.

Resulta tan reprochable el dedazo en beneficio de un familiar como el intrusismo en una profesión tremendamente deteriorada. Tal y como critican al unísono la Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España(FAPE), echar mano de «personal de confianza» sin ninguna preparación ni titulación para asumir funciones de comunicación institucional «no es de recibo»: «Y, si además, se aprovechan para colocar eventualmente a familiares directos, pues flaco favor se hace a la democracia».

«El gobierno municipal de Guadix, de esta forma tan ruin, ha fulminado dos décadas de un trabajo profesional concienzudo, desarrollado y desempeñado por periodistas de forma eficaz», critican las asociaciones y piden al PP y Ciudadanos que apuesten por la igualdad de oportunidades, ya que el hecho de que la comunicación corra a cargo de «un inexperto» supone negar «a la ciudadanía el acceso a una información profesional, transparente e imparcial».

Supone, en definitiva, levantar un muro de incomunicación entre gobierno y gobernados. Buena parte de las tareas contenidas en el puesto usurpado están encaminadas a facilitar la conversación de doble sentido: por un lado abre canales para que los vecinos transmitan sus necesidades e inquietudes a un consistorio ávido de información, y por otro proporciona un altavoz institucional para que ese consistorio comunique sus iniciativas y se someta, consiguientemente, al escrutinio de la ciudadanía. 

Al segar esos canales con el negligente acto de la colocación familiar se entorpece la comunicación y se deprime la calidad de la convivencia municipal. Un ayuntamiento sordo, aislado en su burbuja de metacrilato, corre el riesgo de gobernar contra sus ciudadanos, lo cual, atendiendo a su función esencial de representatividad, no es más que una suerte de masoquismo.

Pero no solo en la falta de comunicación directa entre ciudadanos y ayuntamiento se resiente la democracia. El cargo arrebatado comprende también la relación institucional con los medios municipales y provinciales, medios cuyas funciones son las de poner coto a los excesos del poder y, en paralelo, servir de correa de transmisión entre un discurso político marketinizado y un ciudadano huérfano de certezas. La concordia entre gobierno y medios de distinto signo es necesaria en la medida en que ésta garantiza el respeto a la pluralidad del pensamiento ciudadano, ¿ayuda a la concordia la designación de la que hablamos?

Para no caer en predicciones gratuitas, veamos una hipótesis semejable: el alcalde de determinado pueblo salda una deuda personal colocando a un amigo en el cargo de comunicador oficial. Éste no es periodista, de modo que reúne los títulos de enchufado e intruso. Asumiendo que la profesión de periodista sufre una sangrante escasez de puestos de trabajos, ¿cómo leerán los medios esa designación? ¿Qué trato profesarán los periodistas a un arribista de méritos consanguíneos? La relación portavoz-medios nacerá herida, prácticamente irreparable, y serán los ciudadanos quienes paguen la factura del conflicto.

Más preguntas a la otra parte: el recién investido comunicador municipal, ascendido por la gracia de su sesgo ideológico, ¿qué valor concederá a la neutralidad? En el reparto de publicidad institucional –muchos medios sobreviven gracias a este caudal público–, ¿evitará ahogar a la disidencia? ¿Aplaudirá el rigor de quienes informan sobre el dedazo que le paga la nómina? A nivel estructural, ¿conocerá acaso cuáles son los mandatos de la deontología profesional?

Decíamos que ya no nos llamamos corruptos. Al menos no tanto. En ese sentido, aunque solo sea por la cuestión aspiracional, el Ayuntamiento de Guadix y todos los ayuntamientos con la tentación de maltratar a los periodistas harían bien en dejarse asesorar por las asociaciones del ramo y facilitar la igualdad de oportunidades. Acudir a las bolsas de periodistas. Lo contrario conduce al aislamiento y a la confrontación. Parece mentira que en pleno 2019 se siga ignorando el impacto de la comunicación profesional en el éxito de cualquier institución.

Claudio Moreno

Leave a comment

seis − 5 =